Peor aún es no tener propuestas o contrapropuestas (que las hay, como la sustitución del sistema actual de reparto por otro de capitalización o mixto, otra cuestión es demostrar su viabilidad y puesta en marcha) ante unas previsiones demográficas indiscutibles (Comisión Europea e Informe Grupo Expertos Pensiones, 2013). Todos los trabajos coinciden en el diagnóstico. El proceso de envejecimiento es la principal amenaza a la sostenibilidad de las pensiones. En España existen factores "diferenciales" y agravantes: unas tasas de paro elevadísimas y salarios en descenso que merman considerablemente la capacidad de ahorro. El último dato del INE, tercer trimestre de 2013, refleja un nivel de ahorro en hogares del 9,2% de la renta disponible, el más reducido en un tercer trimestre desde 2007.
Necesidad de reformas
Existe, en cualquier caso, amplísima evidencia sobre la necesidad de las reformas que se han ido llevando a cabo en varios países, hayan sido solo paramétricas (caso más general, introduciendo factores de sostenibilidad) o sistémicas (más excepcionales, como la conversión a sistemas de capitalización). De no haberlas realizado, las pensiones seguirían siendo una bomba de tiempo preparada para estallar, de mucha más entidad que la burbuja inmobiliaria, aunque ignorarlo hubiera supuesto a corto plazo importantes réditos electorales.
Dicho lo anterior, existe en la sociedad un gran desconocimiento sobre aspectos relevantes de estos planes. Y, como consecuencia, gran desconfianza que actúa como factor disuasorio a la hora de contratarlos. De ahí el exiguo lugar de España en patrimonio de planes de pensiones sobre PIB, muy por debajo de lo que correspondería por el desarrollo de la economía (INVERCO, 2013). Desconfianza que se extiende no solo a los jóvenes, que temen inmovilizar sus exiguos ahorros hasta la jubilación, sino a quienes ya tienen contratado un plan y se han encontrado, imprevisiblemente, con situaciones económicas delicadas. Preocupa mucho más la extrema liquidez que reducir las comisiones (tema relativamente irrelevante) o el tratamiento fiscal (tradicionalmente favorable en España respecto al entorno), asuntos muy presentes en los medios con ocasión de la aplicación del RDL 16/2013 y del anuncio más o menos oficial de una próxima reforma de los sistemas de previsión.
Necesidad de ahorrar
La necesidad de ahorrar para prever el futuro ante situaciones de fuertes disminuciones de ingresos se ha hecho patente desde la antigüedad. Y es cuando se llegue a estas situaciones donde debería mejorarse la normativa. Los supuestos de rescate anticipado son enormemente restrictivos, a saber: enfermedad grave, fallecimiento, desempleo y riesgo de desahucio. No se contempla, en cambio, sufrir una merma considerable en los ingresos regulares, algo muy ligado a la crisis económica. Situación que, al tener consecuencias frecuentemente dramáticas, obliga a determinados empleados y empresarios, en activo pero con dificultades, a convertirse en "desempleados", ya sea siendo "despedidos", cerrando la empresa, o pasando a ser "prejubilados", si es que reúnen los requisitos, y así percibir dos tipos de ingresos: las prestaciones estatales (por desempleo o pensión de prejubilación) y el rescate del plan. Es una obviedad decir que estas situaciones son, a todas luces, incoherentes: es altamente probable que si parte de estas personas hubieran podido rescatarlo antes (total o parcialmente) para compensar una significativa y puede que coyuntural merma de ingresos, habrían continuado en activo, con la esperanza de salir del bache económico.
En definitiva, se trata de acabar con un grave obstáculo para la decisión de hacer aportaciones, como es su escasísima liquidez. Poder rescatar al menos una parte cuando se produzcan estas situaciones y, con carácter general, a partir del décimo año de la primera aportación (caso de las EPSV del País Vasco, lo que explica su éxito frente a los tradicionales planes), incluso con alguna penalización fiscal (caso de EEUU y otros países de la UE) sería un gran alivio para ciertas personas y favorecería el sostenimiento de la demanda y el atractivo de este producto financiero. Debería considerarse en la reforma que estudia el Gobierno, en cuya revelación de líneas maestras, incomprensiblemente, se sigue la estrategia del río Guadiana, que aparece y desaparece, y nadie se atreve a asegurar el resultado final.
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